Esta entrada fue elaborada en cooperación con Andrés Hernando, investigador del CEP, y publicada en el blog el CEP, La Situación.
Esta semana, el académico de la Universidad Católica, David Altman, publicó un provocador análisis del resultado de las elecciones parlamentarias del fin de semana. En su visión, el sistema habría fallado en cumplir el objetivo en el mensaje presidencial, y es que fuera una elección más proporcional y justa. Altman analiza los resultados de la elección de diputados usando una métrica bastante conocida en la ciencia política, el índice de Loosemore & Hanby (L&H). Este índice tiene la ventaja de ser bastante simple e intuitivo en su cálculo, pero ha recibido críticas por ser poco sensible a cambios en la fórmula de cálculo (como es el caso chileno).
Altman muestra que, según el índice L&H, la reciente elección es la que muestra mayor nivel de desproporcionalidad desde 1989. A partir de ello, y sumado con una mayor cantidad de arrastres, Altman concluye que el actual sistema electoral no estaría cumpliendo con los objetivos de proporcionalidad y justicia que se propuso.
La ciencia política ha debatido por años cuál es el mejor mecanismo de medir la proporcionalidad de los sistemas políticos. Si bien hay cierto consenso en qué consiste la proporcionalidad ideal (que el porcentaje de votos sea equivalente al porcentaje de escaños obtenidos), hay mucho más debate sobre cómo medir si este objetivo se logra. Tal como muestra Benoit (2000), distintos autores usando distintos índices han llegado a resultados bastante divergentes.
Entonces, ¿fue la elección del 19 de noviembre más o menos proporcional que las anteriores? Podemos adelantar nuestra respuesta: sí y no. Para analizar esto tomamos los datos de todas las elecciones desde 1989 y calculamos 8 índices distintos, todos ellos validados y ampliamente discutidos en la literatura. Algunos de ellos tienden a ser extremadamente sensibles a la presencia de partidos chicos, como el índice de Rae (1967), mientras que otros buscan corregir las imperfecciones del índice de L&H, como el de Gallagher (1991) o el L&H ajustado (Grofman and Lijphart, 1986). Puede revisar los detalles de cada uno aquí.
La tabla más abajo muestra el resultado con cada uno de estos 8 índices usando los datos de la elección a la Cámara de Diputados desde 1989. Como se puede observar, la tasa de desproporcionalidad aumenta en 4 de las métricas (L&H, Lijphart, Saint-Lague y D´Hondt), mientras que disminuye en otras 4 (Rae, Mínimos Cuadrados, L&H ajustado).
Elección | Índice de Rae | Índice L&H | Índice de Mínimos Cuadrados | L&H ajustado | Índice Liphart | Índice Saint-Lague | Índice D’Hondt | Índice de regresión lineal |
1989 | 3.23 | 11.31 | 7.09 | 8.75 | 6.01 | 4.97 | 1.17 | 1.12 |
1993 | 3.94 | 7.87 | 6.18 | 7.02 | 6.39 | 2.19 | 1.14 | 1.07 |
1997 | 4.15 | 10.39 | 7.81 | 8.17 | 7.49 | 2.44 | 1.14 | 1.10 |
2001 | 2.68 | 6.70 | 5.16 | 5.74 | 5.22 | 3.15 | 1.08 | 1.07 |
2005 | 4.11 | 8.21 | 7.07 | 6.95 | 7.40 | 1.50 | 1.16 | 1.07 |
2009 | 3.87 | 7.75 | 5.61 | 6.05 | 4.88 | 1.72 | 1.11 | 1.08 |
2013 | 4.10 | 12.31 | 8.02 | 8.96 | 8.12 | 4.14 | 1.17 | 1.14 |
2017 | 2.78 | 12.50 | 7.68 | 6.20 | 8.44 | 4.98 | 1.34 | 1.13 |
Si miramos los gráficos adjuntos, además podemos ver que estos índices se han movido de forma bastante poco predecible en el tiempo. Es decir, incluso dentro de un mismo sistema electoral, como lo fue el binominal entre 1989 y 2013, hay bastante diferencia.
En el fondo, la evidencia que aportamos demuestra que la respuesta a la pregunta de si el actual sistema es más o menos proporcional es absolutamente a gusto del consumidor. Quienes quieran plantear que no, que este sistema es menos proporcional que el binominal, tienen 4 métricas distintas para justificar su postura. En cambio, quienes quieran defender que este sistema sí introdujo mayor proporcionalidad, tienen otras 4 métricas que aportar como evidencia. Además, mientras no tengamos más elecciones, no podremos saber si alguno de estos posibles cambios se mantiene en el tiempo.
Ahora, sobre la pregunta de la justicia, nosotros creemos que eso se debe responder respecto de la representatividad. Si bien es cierto que el número alto de parlamentarios electos por medio del arrastre puede llevar a algunos a sorprenderse, también es importante recordar – como lo plantea Altman- que ésta es una característica propia de los sistemas de lista y que no se relaciona directamente con el mecanismo de distribución de escaños, al menos a nivel de pactos. Una propuesta para resolver esto es lo que planteó en su momento Evópoli, en la discusión de la ley, en la que propuso que los escaños se repartieran a nivel de pacto y no de partido.
Pero la representatividad se refiere a otras cosas. Generalmente, la ciencia política la distingue entre representación descriptiva y representación substantiva. La primera se refiere a las características personales, usualmente demográficas, de los representantes, mientras que la segunda se refiere a las preferencias ideológicas y de política pública.
Sobre la representación descriptiva, los datos de Candidaturas Chile nos permiten observar los cambios. En primer lugar, esta elección arrojó una proporción más alta de mujeres electas desde 1989. Además, el promedio de edad de los representantes electos bajó, de 59 a 56 años en el Senado, y de 49 a 44 en la Cámara. Ambos movimientos traen el promedio más cerca de la edad mediana de la población que es de 33 años. Incluso, este Congreso tendrá, por primera vez desde la dictadura, la presencia de 2 personas de la etnia mapuche, una novedad de innegable importancia simbólica. Todos estos indicadores apuntan a que la representación descriptiva estaría mejorando, aunque de forma lenta.
En términos de representación substantiva, la elección de nuevos partidos políticos es, sin duda, un signo de que ésta aumentó. Si bien hubo algunos pactos que no obtuvieron escaños, como Sumemos, lo cierto es que la oferta ideológica aumentó, asimismo como su peso relativo.
El mensaje presidencial de la ley que modificó el sistema electoral planteaba que éste nuevo sistema iba a ser más justo y proporcional. Sin embargo, de una forma bastante hábil, el mismo mensaje evita definir cómo se evalúa si éstos objetivos se cumplen o no. Lo cierto es que, antes de saltar a concluir sobre el éxito o fracaso de la reforma, es importante revisar las métricas utilizadas. Por nuestra parte, nos declaramos en empate entre una u otra opción.