Publicado originalmente en La Tercera
A estas alturas, es un hecho que la pandemia tiene efectos distintos sobre distintos segmentos de la población, particularmente por razones estructurales. Los datos muestran que, en la Región Metropolitana, son las comunas más pobres las que concentran los peores indicadores. Algo consistente con la evidencia que mostraba hace meses que las cuarentenas dinámicas son inútiles en esos territorios. Hay distintas explicaciones, pero todas coinciden en que la combinación de informalidad laboral y pobreza no ayudan a evitar que la gente arriesgue sus vidas en la búsqueda de sustento.
Hace unos días, la U. de Talca publicó una encuesta a inmigrantes en Chile, donde el 40% declara no haber recibido ayudas del Estado. La discusión en su momento sobre la disponibilidad de vacunas hizo realidad la fragilidad en que se encuentran y la forma abusiva en que suelen ser tratados por las instituciones. El mismo Presidente Piñera, al promulgar la ley de migraciones el fin de semana, hizo hincapié en problemas delictivos, a contrapelo de la evidencia.
La situación de las mujeres no es mejor. La desigualdad en las labores de cuidado ha llevado a que esta pandemia haga retroceder en 10 años los avances en integración en el mercado laboral, además de las insospechadas consecuencias en el desarrollo profesional y la salud mental en el largo plazo.
Si la pandemia les pega más duro a quienes sufren mayores niveles de discriminación y desigualdad, entonces debiera ser obvio que la respuesta estatal debiese ser focalizada. Sin embargo, para quienes creemos que las soluciones de política pública debiesen incorporar criterios de universalidad, hay algo peor que la focalización como dogma: la focalización mal hecha.
Como muestran los datos de la U. de Talca, las ayudas estatales no alcanzan a un segmento importante de la población. Los bonos y préstamos confían excesivamente en que la gente demuestre que sufrió algún perjuicio, como si no fuera evidente por el simple hecho de que no pueden sacar a sus niños a la calle. Los recursos se ocupan en hacer listas absurdas de bienes esenciales, sin considerar, precisamente, las necesidades de aquellos grupos que más ayuda necesitan. La focalización y la desconfianza (que suelen ir de la mano) hacen que los municipios gasten recursos que no tienen en ayudar a la gente a llenar formularios inentendibles para recibir un bono. Ministros y subsecretarios se pasean por medios tratando de explicar esquemas de ayudas que ni ellos mismos comprenden.
Los planes de reactivación también cometen errores básicos. En vez de incorporar enfoque de género a los subsidios a empresas -como proponen en Espacio Público-, el gobierno propone reactivar la economía a través de la construcción, un espacio eminentemente masculino. En vez de discutir sobre ingreso universal que incorpore las labores de cuidado, la discusión se remite a cómo vaciar las escuálidas cuentas individuales en las AFP.
Al final del día, no estamos todos en el mismo bote, aunque sí en la misma tormenta.